El Gobierno español recupera la ayuda de 20 céntimos para la gasolina y el diésel ante la escalada energética

Una gasolinera española, en una imagen de archivo. El Gobierno recupera temporalmente la bonificación de los carburantes ante la escalada de los precios energética. Foto Natalia Corcobado Pinilla. Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0.

El Gobierno español recupera la ayuda de 20 céntimos para la gasolina y el diésel ante la escalada energética

El nuevo plan de choque frente al encarecimiento de la energía recupera temporalmente la bonificación de los carburantes y limita las subidas de la tarifa regulada del gas y de la bombona de butano

El invierno se acerca y con él vuelve la preocupación por el precio de la energía. El Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de medidas destinado a contener el impacto de la escalada de los precios del petróleo y el gas provocada por la situación de tensión en Oriente Próximo. Entre las principales novedades se encuentra la recuperación de la bonificación de los carburantes, que permitirá aplicar una rebaja de hasta 20 céntimos por litro durante octubre.

La medida recupera así una fórmula que ya fue utilizada durante la anterior crisis energética. La ayuda comenzará a aplicarse en octubre y, según el calendario previsto por el Ejecutivo, se irá reduciendo progresivamente durante los dos meses siguientes: podría situarse en 13 céntimos por litro en noviembre y en 6 céntimos en diciembre. La intención es mantener cierto margen de protección para los consumidores durante los meses en los que tradicionalmente aumenta el gasto energético.

Gas y butano, también bajo control

El nuevo paquete no se limita a los carburantes. El Gobierno ha decidido intervenir también sobre la tarifa regulada del gas natural, la conocida como Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que están acogidos alrededor de 3,1 millones de hogares en España.

La próxima revisión, prevista para octubre, tendrá limitada su subida al 35%. Tres meses después, en la siguiente actualización, el incremento máximo será del 15%. Sin esta intervención, las previsiones apuntaban a una subida que podría alcanzar aproximadamente el 45% en la revisión de octubre.

También se establece un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano, otro de los productos energéticos cuyo coste afecta directamente a numerosos hogares españoles.

El objetivo es amortiguar el impacto que el encarecimiento de las materias primas puede tener sobre las familias cuando llegue el periodo de mayor consumo energético. El gas tiene un peso especialmente importante durante los meses fríos, tanto para calefacción como para agua caliente, mientras que los carburantes repercuten de forma directa en los desplazamientos cotidianos y, de manera indirecta, en el coste del transporte de mercancías.

La amenaza sobre el diésel

La situación internacional añade incertidumbre al mercado energético europeo. El conflicto en Oriente Próximo y las dificultades relacionadas con el estrecho de Ormuz han incrementado la preocupación por el suministro mundial de petróleo y gas.

A esta situación se ha sumado la amenaza planteada por el presidente estadounidense Donald Trump sobre las exportaciones de diésel hacia Europa. De producirse restricciones importantes, los mercados europeos podrían enfrentarse a una mayor tensión sobre un combustible especialmente relevante para el transporte.

España parte, según ha señalado la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, de una posición relativamente sólida en materia de refinado. El país cuenta con ocho refinerías y presenta una dependencia de las importaciones de diésel inferior al 1%, según los datos ofrecidos por el Gobierno.

Por el momento, la principal preocupación no es tanto un posible desabastecimiento como el comportamiento de los precios. Una subida prolongada del petróleo terminaría trasladándose a los combustibles y, posteriormente, a numerosos productos y servicios.

Una nueva batalla contra la inflación

El nuevo paquete llega además en un momento especialmente delicado para la economía española. La inflación ha vuelto a aumentar y se situó en el 4,9% en septiembre, según los datos adelantados citados por el Gobierno.

La evolución de los precios de la energía resulta importante porque sus efectos van mucho más allá del recibo de la luz o de la factura de la calefacción. El transporte, la industria, la agricultura y buena parte de los bienes de consumo dependen directa o indirectamente de los costes energéticos.

Durante la anterior crisis energética, España recurrió también a la denominada excepción ibérica, que permitió limitar temporalmente el impacto del precio del gas sobre el mercado eléctrico. El mecanismo estuvo vigente entre junio de 2022 y diciembre de 2023 y contribuyó a contener el precio mayorista de la electricidad en determinadas circunstancias.

Sin embargo, su recuperación no parece estar actualmente sobre la mesa del Ejecutivo. La medida genera además discrepancias entre distintos sectores energéticos, sobre todo por sus posibles efectos sobre las centrales de gas y sobre los ingresos de otras tecnologías de generación eléctrica.

Mientras tanto, el Gobierno apuesta por medidas fiscales y límites temporales para intentar que la nueva escalada energética no termine trasladándose con toda su intensidad a los hogares.

El invierno volverá a poner a prueba la capacidad de las familias para afrontar unas facturas que ya habían comenzado a dar un respiro después de los momentos más duros de la anterior crisis. La rebaja de los carburantes y los límites al gas y al butano buscan precisamente ganar tiempo y reducir ese impacto. Queda por ver, sin embargo, cuánto durará la tensión internacional y hasta dónde llegará la escalada de las materias primas.